Más de un millón de pesos anuales se estima que ganaba el empleado del BPS vendiendo servicios de televisión en línea desde la computadora de su trabajo. Toda la operación se descubrió debido a una anomalía en el consumo de datos que fue detectada por la Cámara de Lucha Contra la Piratería y el Contrabando y se notificó el 3 de febrero de este año al Banco de Previsión Social.
En ese momento, se constató desde los servicios informáticos que en una oficina un solo funcionario había gastado más de 100GB en datos de salida en una semana; lo que significa que desde ese equipo se estaba enviando una enorme cantidad de información por Internet a todo el mundo. Se consultó al jefe del área afectada si había alguna tarea que demandara tanto, pero éste lo negó inmediatamente. A partir de esa confirmación, llegar al culpable fue muy fácil. El superior recordó que uno de sus subalternos tenía en su perfil de Whatsapp (y también en algunas de sus historias) una imagen ofreciendo venta de servicios de IPTV (esto es la transmisión de señales de TV por Internet). Con esa información, se decidió acceder a la computadora en la que trabajaba el funcionario.
Al entrar al PC, no quedó lugar a ninguna duda. La persona tenía archivos con diseños de afiches de venta de servicios de IPTV, venta de películas y decodificadores de señal, en los cuales incluía su nombre propio y un número de teléfono celular. También había archivos de planillas con los datos de los clientes, listados de las películas y las ventas y mucho más. Además, aparecía claramente el nombre que había puesto como empresa que brindaba el servicio: Avanti Home Entertainment.
Finalmente, tanto la Calpyc como el BPS realizaron la denuncia judicial en Fiscalía y el 18 de febrero se dispuso imputar al funcionario por los delitos de robo de señales, infracción a los derechos de autor y peculado.
Vale aclarar, que la persona terminó reconociendo el hecho, explicando que hace alrededor de 2 años que viene ofreciendo el servicio de IPTV a través de la empresa que él mismo creó. Indicó que estaba asociado con un proveedor del exterior quien le brindaba las las claves de acceso para poder ver las señales y él las vendía a sus clientes. El costo del servicio era de entre 8 y 12 dólares mensuales, dependiendo del paquete adquirido.
Por si fuera poco, también se investiga que seguramente sea responsable (cosa que no confesó) de la venta de películas subidas a Google Drive. Esto se desprende de que desde el BPS indicaron que que era a ese sitio a donde más subía información y también había muchas visitas a una página Web donde, justamente, se ofrecen enlaces para ver películas que otros usuarios suben a Google Drive.
Sin dudas, una situación grave y que muestra la facilidad con que cualquier usuario, sin mayores conocimientos informáticos, puede realizar actividades dudosas o directamente ilegales aprovechándose de los recursos ajenos.
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