Uruguay cae 24 puestos en el índice mundial de Gobierno Electrónico y deja de liderar la región

El EGDI, Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico por sus siglas en español, es un sistema desarrollado por la ONU para medir el desarrollo digital de los gobiernos y elaborar cada 2 años un ranking general.

En esta última medición, publicada el 20 de noviembre, Uruguay bajó 24 puestos y se ubica en el lugar 49. Además, perdió el primer puesto de la región (antes estaba primero en el lugar 25) quedando por detrás de Argentina, Chile y Brasil.

Para esta medición se evalúan 3 aspectos fundamentales (los valores van de 0 a 1):

  • OSI – Los servicios digitales que ofrece la administración pública.
  • TII – La infraestructura de telecomunicaciones.
  • HCI – Nivel educativo y preparación de la población para el uso de herramientas digitales

En los tres marcadores Uruguay bajó su puntaje. Y el que más descendió fue el OSI, ya que los servicios que ofrece el Estado cayeron de 0,8832 a 0,7826. TII fue de 0,9437 a 0,9131 y HCI de 0,8749 a 0,8525

Sin dudas, una caída importante de la calidad del Gobierno Digital de Uruguay, que supo liderar la región y obtuvo la segunda peor calificación de su historia, ya que estuvo en el puesto 50 en el año 2012.

Tabla histórica del ranking:

  • 2026: Puesto 49 (Servicios en línea: 0,7826; Infraestructura de telecomunicaciones: 0,9131; Capital humano: 0,8525).
  • 2024: Puesto 25 — Puntaje: 0,9006 (líder regional en América Latina y el Caribe).
  • 2022: Puesto 35 — Puntaje: 0,8388.
  • 2020: Puesto 26 — Puntaje: 0,8500.
  • 2018: Puesto 34 — Puntaje: 0,7858.
  • 2016: Puesto 34 — Puntaje: 0,7237.
  • 2014: Puesto 26 — Puntaje: 0,7420.
  • 2012: Puesto 50 — Puntaje: 0,6315.
  • 2010: Puesto 36 — Puntaje: 0,5848.
  • 2008: Puesto 48 — Puntaje: 0,5645.
  • 2005: Puesto 49 — Puntaje: 0,5387.
  • 2004: Puesto 40 — Puntaje: 0,5481.
  • 2003: Puesto 47 — Puntaje: 0,5072

Hay mucho para mejorar y sobretodo respetando el aspecto técnico de este desarrollo, ya que muchas veces los tiempos e intereses políticos hacen que no se priorice lo verdaderamente importante que son los servicios, infraestructuras y el nivel educativo, teniendo siempre como objetivo la mejora de la calidad de vida de la población.

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